“Fundamentalmente, el principio de imparcialidad implica que el Tribunal que juzga no debe encontrarse comprometido con la acusación que está llamado a resolver”, indicó.
Posteriormente, el letrado apuntó contra el organismo juzgador al señalar que «en contraposición a lo que dictan las normas, la jurisprudencia y la verdad», éste «avanza y corre nuevo traslado al mismo Fiscal del Jury, que no acusó anteriormente, para que vuelva a presentar su postura, en busca de romper su integridad».
En este contexto, para Camps, la actitud del Tribunal generaría tres escenarios distintos:
-Si acusa entraría en su propia contradicción poniendo en duda al Procurador y Fiscal General.
-Si no acusa e insiste en su posición originaria, el Tribunal quedaría nuevamente sin acusación.
-De apartarse en su intervención, debería el Tribunal nombrar un tercer Fiscal y obligarlo a acusar. De hacerlo, lo pondría en contradicción con el criterio del Procurador General de la Corte, el Fiscal General, y un Fiscal de Cámara, poniendo en el proceso en duda la labor de todos ellos en sus funciones, quienes quedarían expuestos a un jury por no acusar.
Posteriormente, Camps consideró que el Tribunal «se encuentra en una encrucijada política, procesal, ética, moral y de verdad, violentando sistemáticamente la Constitución, que justamente fue creada para garantizar el ejercicio de derechos básicos».
En este marco, afirmó que si el organismo aún así se decide avanzar con el jury, «eventualmente una vez culminado un largo proceso recursivo en la Corte Suprema habilitaría procesos de responsabilidad a cada miembro de este tribunal, por haber efectuado un proceso ilegal, arbitrario e ilegitimo» ya que «es jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema que la no acusación de los fiscales tiene carácter vinculante para el Tribunal, en fallos como ‘Tarifeño’, ‘Mostaccio’ y el caso local ‘Porfirio’ Acuña».